La violencia que enfrentan las mujeres en Sinaloa alcanzó niveles que organizaciones civiles y colectivas feministas han descrito como una crisis de derechos humanos. Datos oficiales y recuentos periodísticos apuntan a que en 2025 este estado cerró con una de las cifras más altas de feminicidios en los últimos años, fenómeno que pone sobre la mesa la urgencia de políticas efectivas de prevención, atención y justicia.

De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General del Estado, Sinaloa cerró el año 2025 con 72 feminicidios, el número más elevado registrado en al menos siete años en la entidad. Esto representa el doble de casos comparado con 2024, cuando se documentaron 31 feminicidios. Culiacán, la capital del estado, concentró la mayoría de estos casos, con 43 feminicidios, lo que equivale a más de seis de cada diez víctimas en todo Sinaloa.

Además, otros recuentos oficiales y de medios locales señalan que hasta noviembre de 2025 se reportaron 94 mujeres asesinadas, de las cuales 65 fueron tipificadas formalmente como feminicidios y el resto como homicidios dolosos. Estas cifras superan con amplitud a las registrados en años recientes, confirmando una tendencia de violencia persistente contra las mujeres en el estado.

Feminicidio y contexto de violencia

Las cifras alarmantes de feminicidios ocurren en un contexto de violencia generalizada en Sinaloa, marcada por enfrentamientos entre bandas del crimen organizado que también han impactado la seguridad de la población civil. En este escenario, la percepción de inseguridad se mantiene alta, y colectivos señalan que la violencia de género se agrava en zonas donde la violencia criminal ha escalado.

Durante 2025, los municipios con mayor número de casos fueron Culiacán, Mazatlán, Navolato y Ahome, zonas donde además se mantienen activas Alertas de Violencia de Género desde hace años, sin que ello haya logrado revertir la tendencia.

Grupos feministas y organizaciones de derechos humanos advierten que más allá de los números, cada feminicidio representa una falla estructural del Estado para prevenir, proteger y garantizar justicia a las mujeres. Denuncian además que no todos los asesinatos de mujeres violentas son reconocidos y tipificados como feminicidio, lo que dificulta la dimensión exacta del problema y limita respuestas institucionales efectivas.