El Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa condenó de manera enérgica el asesinato de Rubi Patricia Gómez Tagle, defensora de derechos humanos e integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa A.C., quien fue encontrada sin vida en su domicilio en el municipio de Mazatlán.

A través de un pronunciamiento oficial, el Instituto señaló que este crimen representa una grave agresión no solo contra la vida y la integridad de una persona comprometida con la justicia y la verdad, sino también contra la labor legítima y necesaria que realizan quienes defienden los derechos humanos, particularmente en la búsqueda de personas desaparecidas.

La institución destacó que el trabajo de las colectivas de búsqueda constituye un acto de profundo compromiso social y humanitario, orientado a la protección de la dignidad humana, el derecho a la verdad y la exigencia de justicia para las familias que enfrentan la incertidumbre y el dolor de no conocer el paradero de sus seres queridos.

En ese sentido, el Instituto exigió a las autoridades competentes que las investigaciones se realicen de manera pronta, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de derechos humanos, con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar que se apliquen las sanciones correspondientes conforme a derecho. Asimismo, subrayó que la impunidad en casos de agresiones contra personas defensoras no puede ni debe tener cabida.

El pronunciamiento también reafirma el deber legal y ético del Instituto de actuar con diligencia en la implementación y fortalecimiento de los mecanismos de prevención y protección, así como de coordinarse con las instancias correspondientes para salvaguardar la integridad de personas defensoras y periodistas, especialmente en contextos de riesgo vinculados a la defensa de los derechos humanos.

Finalmente, se informó que el Instituto ya se encuentra atendiendo el caso, brindando el acompañamiento institucional correspondiente y realizando las acciones que le competen dentro de su ámbito de actuación.

El asesinato de Rubi Patricia Gómez Tagle se suma a un contexto de violencia estructural que enfrentan las mujeres defensoras de derechos humanos, quienes además de los riesgos inherentes a su labor, enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad por razones de género. Colectivos y organizaciones han reiterado que garantizar su protección es una responsabilidad ineludible del Estado.